Hoy en España también empieza una cuenta atrás: queda exactamente un año para que se agoten los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de aplicación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. El 4 de diciembre de 2017 es la fecha límite establecida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para que todos los espacios públicos urbanizados, edificios, infraestructuras y material de transporte existentes, así como productos y servicios sean accesibles de acuerdo a la normativa vigente, pudiendo, en su caso, acogerse al concepto de “ajuste razonable”.
Esta no es sólo una fecha sobre un papel publicado en el BOE, es un compromiso para el que ya llegamos con retraso. Aunque en las últimas dos décadas se haya avanzado mucho en esta materia, seguimos muy lejos de la ambiciosa meta establecida para dentro de un año, queda aún mucho camino que recorrer para que las medidas reguladas salgan del papel para convertirse en realidad. En la práctica de la adaptación de los entornos, los ajustes razonables siguen siendo un camino en la niebla, ya que no se han creado las herramientas necesarias para informar y formar a los técnicos sobre las implicaciones de su aplicación.
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